Hoy 1 de octubre, se está escribiendo uno de los capítulos más negros en la historia de España desde la instauración de la democracia con la Constitución de 1978.
Lo que está aconteciendo desde primeras horas de la mañana en Cataluña no puede describirse de otra manera que bochornoso y vergonzoso, a la par que triste.
Vemos imágenes llenas de odio, donde continuamente se consuman enfrentamientos con los diferentes cuerpos de Policía, siendo consecuencia de ello, multitud de heridos.
Tras el paso de las horas, no parece que los disturbios vayan a aminorarse sino, todo lo contrario, llevando a la población a posiciones cada vez más radicales en sus reivindicaciones y tildando a las fuerzas del orden como «fuerzas de ocupación».
Y la pregunta es de obligada articulación: ¿Cómo se ha llegado a este extremo? Para ello, según la versión del Parlament Català hay que remontarnos a la reforma del Estatuto de Autonomía Catalán del 2006 y su posterior rectificación y derogación de ciertos preceptos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, ya que se consideró que esta modificación se sustentaba en una politización del Alto Tribunal y un ataque a la voluntad de su parlamento. Pues bien, sin ánimo de hacer un análisis de la citada sentencia (que por otro lado llevaría este artículo a arena de otro costal), me dirijo a argumentar este supuesto menoscabo legislativo hacia la Generalitat de Cataluña y sus competencias legislativas.
Es bien sabido, aunque últimamente parece que se quiera instaurar constantemente la duda, que España es un Estado de Derecho. Eso supone que todos los poderes del Estado, han de someterse a la ley. También es de conocimiento general que la norma suprema del Estado español es su Constitución, por lo que es justificable que toda norma que dicte cualquier estamento u órgano ha de hallarse bajo su tutela jurisdiccional y su amparo legislativo. Dicho esto, es óbice que ninguna norma puede contradecir las premisas de la Carta Magna y que debe haber un órgano para que ejercite este control, siendo en el caso español su Tribunal Constitucional y, en este punto, es donde los representantes independentistas encuentran su primer escollo y, a su vez, su primera excusa para llegar al punto donde se ha llegado. La argumentación de éstos se basa en relatar la supuesta manipulación del Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular para que se sentenciara en el sentido que se hizo y se modificara el Estatuto de Autonomía.
Es cierto que el Partido Popular fue el que instó el recurso de inconstitucionalidad a esta norma, pero no por ello, ha de ser el culpable o autor de la resolución del Alto Tribunal y, utilizando esta argumentación, lo único que se demuestra es que ninguno de los que apoyan esta gran falacia han siguiera leído la sentencia que dictaminó, y cuales fueron sus fundamentos de derecho para derogar ciertos preceptos.
A estas alturas de la democracia española, todavía no se logra entender el por qué de la denostación del uso del Tribunal Constitucional como herramienta de control, para asegurar que ningún partido político u órgano de gobierno pueda pasarse por los forros el «contrato» de convivencia que se dieron todos los españoles en 1978. Continuamente se escuchan voces de miembros de las instituciones diciendo aquella frase de «no hay que judicializar la política». Pues sí señores, hay que judicializarla cuantas veces sea necesario, ya que ésta es la única manera de controlar que los que legislan también se encuentren sometidos a la ley de todos los ciudadanos y no puedan saltársela para hacer sus labores como todo hijo de vecino, en eso se basa el Estado de Derecho.
La cuestión es que esa continua duda argüida desde las instituciones, para lograr desacreditar a los tribunales y así poder deslimitar sus poderes han calado muy hondo en la sociedad española, haciendo planear continuamente la sombra de la duda sobre la aplicación de la legalidad de los jueces y tribunales de justicia del país.
Que duda cabe, que todos los ciudadanos somos corresponsables de este hecho. Hemos dejado que las diferentes instituciones y a los medios de comunicación, que nos vapuleen continuamente con verdades a medias y nos instrumentalicen en aras de un mayor apoyo a sus ideas y doctrinas. En ello llevan años y nosotros no hemos sabido tener un consistente sentido crítico a las informaciones que nos han ido llegando, pudiendo llegar a elaborar nuestro propio sentimiento y sin perder de vista la realidad.
Volviendo al análisis, esta incredulidad hacia el poder judicial del Estado, ha sido un gran caldo de cultivo para ir sometiendo al ciudadano al credo de la desobediencia. Una desobediencia que, evidentemente, ha de ir camuflada por un gran sentimiento de injusticia, apelando con gran asiduidad a sus creencias y consiguiendo así que toda medida se vea como una mera conculcación de sus derechos y sus sentimientos más arraigados.
Al hilo de esa creencia de justicia hipotéticamente injusta se ha ido fraguando en Cataluña, y en muchas otras regiones de España, la creencia de la necesidad de esa desobediencia a las leyes y, de esa manera, poder poner en jaque al gobierno de la nación. Esa desobediencia que llevan mucho tiempo justificando con la argumentación de la gran supremacía que el Estado ostenta sobre Cataluña y el supuesto menoscabo a los derechos de los catalanes en favor de los ciudadanos del resto del Estado. He ahí otra gran falacia de esta historia que se desmonta con solo comprobar el nivel de competencias que ostenta Cataluña en comparación con el resto de comunidades autónomas de España, comprobable fácilmente con una lectura de su Estatuto de Autonomía.
No se puede obviar que la Comunidad Catalana, con la total connivencia del gobierno de la Nación, ha sabido negociar (o exigir), grandes aportaciones competenciales para sí, algunas veces en detrimento del resto de regiones de España pero, cual niño malcriado, siempre ha querido más y llegándose finalmente al extremo que se hizo muy difícil asumir sus peticiones, sin menospreciar gravemente la legislación elemental del Estado. Fue en ese momento, y no en otro, cuando no tuvo más afán de negociación y se empeñó en sacar adelante un referéndum de autodeterminación para poder conseguir todas las competencias de un Estado.
¿Y como consiguieron el apoyo de la ciudadanía? Aquí es donde radica la problemática actual y no carece de un análisis complejo. El gobierno de la Generalitat y sus representantes, supo aprovechar en aquel entonces, esa sensación de injusticia generada durante tiempo con una gran apelación a su sentimiento nacionalista amagado durante tanto tiempo y que solo esgrimían públicamente los representantes de grupos minoritarios como ERC. Se puede decir que durante toda su continua campaña de descrédito público de las instrucciones del poder judicial, parte del cual estaba investigando supuestos delitos de los miembros de ambos gobiernos -central y autonómico-, descrédito que en aquel momento beneficiaba a todos, y el aprovechamiento de éste para vender el producto de un estado opresor que simplemente hacía investigar a los miembros del Gobierno Catalán como una ofensa política, hacían crecer las alas al sentimiento nacionalista catalán.
Durante todo ese proceso, se proclamaron persistentes consignas intentando convencer a la ciudadanía que las decisiones judiciales respecto a algunos de los dirigentes catalanes eran una mera manipulación de la justicia por parte del gobierno central y así, seguir inculcando ese victimismo entre sus ciudadanos ante un estado «opresor y franquista», hasta el punto que a día de hoy parece según su visión, que hayamos vuelto a la época de la dictadura.
En todo lo relatado hasta ahora, no pongo en duda ni mucho menos, la incapacidad del Gobierno de España de pactar una salida negociada a todo este asunto que hoy escandaliza a media Europa, pero no hay que olvidar los intentos de éste para que el presidente Puigdemont se personara en el Congreso de los Diputados a explicar sus pretensiones y su rotunda negativa.
Y así se llegó a septiembre, mes negro en la democracia española, cuando el Parlament de la Generalitat, en dos días consecutivos y al margen de toda legalidad, promulga sendas leyes de desconexión. Leyes que contravienen todo el ordenamiento jurídico español y que son aprobadas mediante aplicaciones «extrañas» por llamarlo de alguna manera poco beligerante, del reglamento del Parlament de Cataluña. Esa aprobación fue un sainete clavado al Estado de Derecho, poniendo gravemente en jaque las normas de convivencia que habían regido hasta entonces en el Estado español. Después de este hecho, hubo múltiples llamadas a la cordura por parte del gobierno español y varias formaciones políticas en el Congreso a fin de evitar males mayores, que fueron desoídas por la Generalitat y se siguieron utilizando públicamente como ataques a su autonomía y derecho a decidir.
Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Constitucional conoció esta legislación y la derogó en pocas horas.
A partir de este momento, se han sucedido situaciones totalmente esperpénticas donde el Gobierno de la Generalitat, ha incidido en innumerables ocasiones en su supuesta legitimidad para aprobar estas normas y su nulo sometimiento al ordenamiento español. De facto, se produce un golpe de Estado donde no se quiere responder a la legalidad vigente y se pretende estar al margen de ésta, hecho bastante incongruente ya que se pretende que los nuevos preceptos aprobados y posteriormente derogados por el Alto Tribunal, descansen sobre esa legalidad que se pretende no válida.
En este pulso de la Generalitat contra el Estado de derecho – que no contra el Estado español únicamente- ésta ha intentado por activa y pasiva justificar jurídicamente lo injustificable y ha realizado una huida hacia adelante que ha culminado en el día de hoy. La pregunta a estas horas es ¿que pasará mañana?
Después de ver continuas imágenes de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bajo mandato judicial, han estado durante días incautando materiales para la utilización del referéndum ilegal, hoy se han visto las vergüenzas de parte de una sociedad que han decidido no acatar la ley, provocando enfrentamientos (en algunos casos violentos) contra los miembros policiales, ensalzados durante días por el propio gobierno de la Generalitat y asociaciones como ANC y Omnium. La desfachatez de unas instituciones y asociaciones que han sido capaces de dejar a los pies de los caballos a sus ciudadanos con medias verdades o burdas mentiras sobre todo el proceso, tal como se refleja en sus panfletos donde realizan lecturas muy sesgadas y hasta dignas de un trapecio, de los preceptos legales españoles. Y donde al gobierno de España y al Poder Judicial, no le queda más remedio que actuar bajo su obligación jurídica de hacerlo para proteger los bienes jurídicos en riesgo.
En estos momentos de suma angustia por saber el resultado final de todo este desaguisado, en los medios de comunicación, no dejan de observarse a estas fuerzas policiales intentando hacer su labor (por mandato judicial) y la suma resistencia que le ofrece la ciudadanía. Aunque eso es lo que solo algunos medios ven, para el resto, hay un fuerte dispositivo policial que está haciendo un uso irracional de la fuerza contra unos pobres ciudadanos que solo pretenden votar. Este es el sesgo informativo que ha ayudado a calentar a las masas durante todo este tiempo y que son cómplices morales de esta situación.
Se hace evidente que en los próximos días se establecerán las responsabilidades penales y administrativas derivadas de toda esta práctica a los miembros de ambas asociaciones y Gobierno de la Generalitat, pero en la reyerta – esperemos que únicamente jurídica- se perderán muchas plumas y se tardará muchos años en arreglar las diferencias, si es que se puede…
Toda esta situación tiene muy difícil solución, al menos desde la perspectiva puramente política. Otra vertiente, más encarada a la visión jurídica de resolución, viene encaminada por el cumplimiento estricto de las leyes. Viendo todas las imágenes del día de hoy en diversos puntos de Cataluña y con un gobierno catalán, cuya actuación entraría en la figura delictiva de sedición de acuerdo al auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 13 en Diligencias previas Proc. Abreviado 0000082/2017, para las causas contra Omnium y ANC, solo cabe proceder a la detención y puesta a disposición judicial de sus miembros, siendo de obligada aplicación la aplicación del art. 155 de la Constitución, hasta que se consiga la restauración del orden constitucional en la Comunidad Autónoma.